La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio tres días de plazo a la Fiscalía de Colombia, al Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro para entregar la información sobre los bienes reportados por las FARC luego de su desmovilización.

Así lo manifestó el alto tribunal en un auto fechado el pasado 18 de octubre en el que conmina a esas entidades a que "en el término perentorio e improrrogable de tres días, contados a partir de la recepción de la respectiva comunicación de esta providencia, se sirva dar cumplimiento a lo ordenado mediante el auto del 21 de agosto de 2018".

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP advirtió que la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro deberán prestar "en forma eficaz e inmediata colaboración (...) so pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato".

En el escrito de 35 páginas, la JEP insiste en que el listado de bienes de las FARC es fundamental para reparar a las víctimas y recuerda que semanas atrás pidió a esas entidades esa información pero que no ha recibido respuesta clara.

"El documento recibido por la Superintendencia de Notariado y Registro no es una respuesta, constituye una mera formalidad, en tanto se trata de una comunicación evasiva, jurídicamente confusa y abiertamente displicente con esta Jurisdicción", explica la JEP.

En otro aparte del auto, la JEP asegura que le resulta "reprochable" que el Ministerio del Interior no haya dado respuesta ante la información solicitud.

El Gobierno colombiano y la entonces guerrilla FARC firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016, por el cual esa agrupación dejó las armas y también adquirió otros compromisos como el de entregar recursos de origen ilícito para reparar a las víctimas.

La Misión de la ONU en Colombia entregó en agosto del año pasado al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz.

Ese listado levantó una fuerte polvareda luego de que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, exigiera identificar "cabalmente los activos" de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.

A su turno, la guerrilla afirmó en ese entonces que el inventario se hizo "con el máximo rigor posible" y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una "intención política" de entorpecer la implementación de la paz.

EFE